EEUU acusa de fraude al fundador de FTX tras ser arrestado en las Bahamas

El fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, fue acusado de ocho cargos criminales en Estados Unidos, incluyendo conspiración y fraude electrónico, por la presunta malversación de miles de millones de dólares en fondos de los clientes previo al espectacular colapso de su imperio cripto.

Una acusación que detalla los cargos fue revelada por un juez de la corte federal en Manhattan el martes por la mañana, tras semanas de especulaciones de que el empresario de 30 años de edad terminaría esposado luego de la bancarrota de FTX, una de las mayores bolsas de criptomonedas del mundo.

La acusación alega que Bankman-Fried acordó con terceros "estafar a los clientes de FTX.com, apropiándose indebidamente de los depósitos de esos clientes y utilizando esos depósitos para pagar gastos y deudas de Alameda Research".

La noticia se produjo después de que la policía de las Bahamas detuviera a Bankman-Fried el lunes por la noche, horas antes de que declarara ante el Congreso de EEUU sobre la caída de FTX. El martes, la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas demandaron por separado a Bankman-Fried por su papel en la quiebra de FTX.

"El Sr. Bankman-Fried está revisando los cargos con su equipo legal y considerando todas sus opciones legales", dijo el abogado de Bankman-Fried, Mark S. Cohen, en un comunicado.

Los fiscales afirman que Bankman-Fried y otros ejecutivos utilizaron los depósitos de los clientes de FTX para capitalizar su fondo de criptomonedas, Alameda Research, a partir de 2019.

Afirman también que proporcionó información falsa a los prestamistas sobre la situación financiera de Alameda y engañó a los clientes sobre las finanzas de FTX, conspiró para lavar las ganancias del fraude y usó parte del dinero en violación de las leyes de financiamiento de campañas de EEUU.

Además se acusa a Bankman-Fried de trabajar con otras personas para hacer contribuciones corporativas a candidatos y comités políticos que superaban el límite anual de US$ 25 mil, y de hacer donaciones en nombre de otras personas para evitar ese límite.